La Justicia y los Falangistas
LA CACEROLADA SERÁ SIMBÓLICA.
El Caso Blanquerna.
Para Javier García Isac, la sentencia
“es una vergüenza para España y para los españoles. Por encima de cuestiones ideológicas, esto demuestra que la justicia no es igual para todos”.
Se trata de una sentencia que ella sí establece una discriminación ideológica:
“existe una auténtica persecución contra todos aquellos que estamos en contra del pensamiento único. Que lastima que lo políticamente correcto sea atacar la unidad de España y encarcelar a todos aquellos que claman por su unidad. En definitiva, es una aberración judicial que lo único que consigue es un mayor alejamiento del ciudadano de a pie con la administración de justicia”.
Para el abogado Ramiro Grau Morancho, colaborador de Rambla Libre, a la espera de la lectura completa de la sentencia,
“por la escasa entidad de los hechos, me parece desproporcionada y, por lo tanto, injusta”.
Para Grau Morancho,
“el Tribunal Supremo se está inclinando peligrosamente a babor… Parece que huelan que el PP va a permanecer poco tiempo en el poder, y hay que hacer méritos ante los nuevos “amos”, que siempre hay plazas que cubrir en el Consejo de Estado o en el Tribunal Constitucional”.
Además,
“si agredes a un político, estás jodido. Gozan de una especial protección, y ello a pesar de que la propia sentencia, en la ojeada rápida que le he echado, reconoce que alguno de los agresores desconocía que se estaba enfrentando con una autoridad pública, concretamente con el Delegado de la Generalidad en Madrid. (Pongo Generalidad en español, para que se jodan, y espero que no me imputen, también, por ello). De cualquier forma, esta sentencia se la debemos, también, a Ruiz Gallardón, que reformó el Código Penal, dando cabida a este tipo de delitos, podríamos decir que “peculiares”, pues se pretende perseguir a los disidentes políticos, y a quiénes se alejan -nos alejamos- de lo políticamente correcto”.
Aún así debe quedar claro que en la protesta de Blanquerna no hubo agresiones, ni golpeados, ni heridos de ningún tipo, ocasionados los que fueron allí a protestar. Porque los separatistas si que hicieron un conato de agresión.
Una protesta que no llegó a la categoría de "escrache" al ser menos numerosos quienes protestaban que los autores del delito de Traición y Lesa Patria.
Agravio Comparativo.
"Una de las circunstancias más hirientes que puede sufrir un ser humano es el agravio comparativo. Juan descubre, por ejemplo, que por reparar su automóvil le cobran el triple que a Antonio a pesar de que la labor es exactamente la misma. O Laura descubre que el mismo ejercicio, exactamente el mismo, que presentó Luisa obtiene una puntuación de la mitad. O a Pepe le clavan una multa por realizar una infracción ante la mirada de la policía, mientras Javier ha perpetrado justo la misma un minuto antes y los agentes de la ley que lo contemplaron no movieron un dedo. En casos así, la gente, antes de recordar a la madre de los perpetradores del agravio comparativo, se pregunta indignada por qué tiene que ser víctima de un trato peor, incluso mucho peor, que alguien que ha cometido una acción idéntica..."
La Razón.
Prevaricación.
"Tomar una decisión injusta a sabiendas de que lo es"
"La palabra prevaricación designa a aquel delito perpetrado por los funcionarios públicos que consiste en faltar a los deberes y obligaciones inherentes a su cargo, con la plena consciencia de ello, o en su defecto por ignorancia o negligencia que de ningún modo puede ser excusada. Cabe destacarse que al concepto también se lo designa como prevaricato.
Por ejemplo, cuando un juez o cualquier otro funcionario público dictan una sentencia o resuelven una cuestión determinada de manera injusta y no correspondiente, y aún más, lo hacen sabiendo que esa decisión no es la que debería efectuarse en ese caso, se tratará de una prevaricación. Lo mismo ocurre cuando un funcionario como puede ser el ministro de una nación toma una decisión inadecuada y que termina afectando los bienes del estado, también se hablará de prevaricato.
Los jueces tienen el deber de aplicar el derecho conforme, en tanto, cuando eso no ocurre, o sea, se alejan de la aplicación satisfactoria de un derecho incurrirá en el delito penal que nos ocupa que es el de prevaricación.
Es decir, la prevaricación es una clarísima falta a los deberes de funcionario público, que se asume y a la cual se compromete tras asumir el cargo que corresponda y asimismo se trata de un abuso de autoridad.
Por lo expuesto es que este comportamiento es castigado a instancias del derecho penal de las naciones cuando se comprueba que alguien ha incurrido en ello. Las penas por comisión de este delito variarán dependiendo de la legislación en cuestión aunque puede consistir de multas, inhabilitación de por vida para ejercer un cargo y prisión efectiva.
Entonces, para que exista prevaricación quien comete la falta debe ejercer un cargo público, tal como indicamos, ser juez de la nación, ministro, o desempeñar cualquier otro cargo ejecutivo o legislativo y por supuesto estar activo en el desempeño de la mencionada actividad. Y algo importantísimo es que la resolución inadecuada e injusta que este toma debe serlo a conciencia de ello, es decir, debe mediar el dolo".
ABC
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| Los Cien Caballeros de Barcelona. |
Solidaridad.
